Con respecto al comunicado remitido por D. Gerard Fullana, Diputado en las Cortes Valencianas por el grupo político COMPROMIS a distintos medios de comunicación relativo al Acto de Conciliación al que se le citó, informamos:
Grupo Vapf respeta y agradece las críticas, opiniones y cuantas aportaciones puedan hacer el Sr. Fullana u otras personas con respecto al proyecto Medina Lliber ya que, gracias a ellas, podemos reevaluar y reestudiar el proyecto y, muchas veces, mejorarlo. Lo que no podemos permitir es la difamación y la mentira, ya que con ello, se está manchando el buen nombre de un grupo empresarial que desde hace sesenta años viene aportando riqueza y trabajo a la comarca, operando bajo la más estricta legalidad y sin que se le pueda imputar ningún hecho delictivo o de cualquier índole que enturbie su trayectoria, y es por lo que, en defensa de su derecho al honor, se ha recurrido a la jurisdicción voluntaria para permitir al Sr. Fullana y a otros que recapaciten sobre sus concretas palabras y puedan rectificar aquellas que falten a la verdad, sin que ello suponga ningún tipo de coacción a su libertad de expresión o de pensamiento, ya que para expresar una posición política o social no resulta necesario perjudicar a terceros, responsabilizándolos de falsos delitos y de irregularidades, tergiversando la realidad de las cosas y realizando imputaciones que, de ser ciertas, serían constitutivas de delito. Es más, las manifestaciones referidas se realizan a sabiendas de su falsedad con el conocimiento de su repercusión y difusión pública, más si cabe, en el caso del Sr. Fullana, desde su condición de diputado de las Cortes Valencianas.
Expuesto lo anterior, resulta patente que el acto de conciliación indicado no pretende coartar la libertad de pensamiento y opinión del Sr. Fullana sino salvaguardar los bienes jurídicos lesionados a consecuencia de la conducta de aquel, y para ello, GRUPO VAPF, hace uso de los mecanismos de jurisdicción voluntaria que son de aplicación a todos los ciudadanos, incluidos los aforados, condición que el Sr. Fullana puso ayer en conocimiento del Juzgado de Paz de Jalón, a fin de evitar dicha conciliación, citando el artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía que reza sobre la inviolabilidad de los miembros de las Cortes.
Llama la atención que no mencionara este extremo en su comunicado y sorprende su demagogia ya que el grupo político al que representa, COMPROMÍS, es un firme defensor de la eliminación del aforamiento de los diputados, y del trato diferencial que ello implica tal y como ha hecho público en diferentes medios de comunicación:
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140531/54409494567/compromis-propone-reformar-el-estatuto-de-autonomia-para-eliminar-el-aforamiento-de-los-diputados.html
Quizá sea pedir demasiado pretender aprovechar su condición de Diputado Autonómico para estar por encima del bien y del mal, y salir impune a pesar de realizar manifestaciones que implican la imputación de actuaciones delictivas a las mercantiles demandantes.
Si el Sr Fullana o cualquier otro de los llamados a conciliación entiende que GRUPO VAPF coarta su libertad, le ataca, miente o le acusa indebidamente pueden interponer acciones judiciales en defensa de sus intereses particulares o públicos como ha hecho Vapf y que sea un Juzgado o Tribunal quien determine sobre las pretensiones instadas.
No es cierto que Vapf no respete los valores democráticos como, de nuevo y a conciencia, se pretende trasladar a la opinión pública, todo lo contrario. De hecho, lo que hace, es apelar al poder judicial, uno de los pilares fundamentales de todo sistema democrático.
No es cierto que desde Vapf se les haya amenazado, ni instruido, ni dictado que opinión manifestar, tal y como manifiesta el Sr. Fullana, sólo se les pide que no mientan ni acusen sin cargos y se les da la oportunidad de rectificar y no verse implicados en un procedimiento penal.
Nadie ha solicitado al Sr. Fullana ni a cualquier otro que desistan de ninguno de los tres procedimientos donde solicitan medida cautelar de paralización, suspensión y bloqueo de toda actividad en el PAI. Respetamos el estado de Derecho y quedamos pendientes de las resoluciones judiciales.
